ASF no incluyó en Cuenta Pública 2024 revisión del Tren Interoceánico, denuncia PAN

El diputado Héctor Saúl Téllez exige una auditoria especial de los recursos que se utilizaron en la realizaron de esta obra

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados denunció que en la última entrega de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación no incluyó al Tren Interoceánico, el cual desde el inicio de su construcción ha reportado una serie de corruptelas e inconsistencias.
Ante ello, el vicecoordinador económico de la bancada panista Héctor Saúl Téllez solicitó la realización de una auditoría especial sobre el uso de los recursos públicos que se destinaron a esta obra insignia del gobierno lopezobradorista, tras el descarrilamiento que sufrió en el mes de diciembre y que dejó 14 muertos y decenas de heridos.
“Extrañamente en la cuenta pública 2024 no se ha incluido nada sobre el Tren Interoceánico. Aún no sabemos si durante 2024 fue auditado. Por eso la importancia de una auditoria especial exhaustiva de uso de recursos, planes, contratos, materiales y decisiones administrativas al proyecto que nuevamente realice la ASF con independencia del dictamen técnico independiente para temas de seguridad y puesta en operación”.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019, el máximo órgano de fiscalización detectó durante la Gestión Financiera del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V, un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de cuatro millones trece mil setecientos sesenta pesos, por las bonificaciones por derecho de piso efectuadas sin contar con la autorización respectiva de su procedencia, en incumplimiento al punto cinco del Manual de Organización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., de la Gerencia Comercial y de Derechos de Paso.

Mientras, en la Cuenta Pública 2023, la ASF encontró una serie de irregularidades por más de 25 millones de pesos.
Entre ellos, se pagaron 877.7 miles de pesos por concepto de materiales y refacciones de dos contratos por el arrendamiento de locomotoras, cuando en los contratos se estableció que éstos serían suministrados por los arrendatarios, y 15.6 miles de pesos de penalizaciones por llamadas en falso sin evidenciar la documentación que las justificó.

Tampoco se justificó el atraso en la entrega de una locomotora y, en su caso, la aplicación de penas convencionales por 68.5 miles de dólares, que corresponden a 1,367.2 miles de pesos (sin IVA), valuados al tipo de cambio de cierre del 2020.

Además, no se aclaró, ni proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 23,424.0 miles de pesos por concepto de erogaciones por servicios personales y sus registros, de los cuales no se pudo validar que correspondieron a ese concepto, por lo que la Auditoría Superior de la Federación no pudo aplicar los procedimientos de revisión correspondientes para comprobar que se determinaron y pagaron conforme a la normativa.

No se evidenció la integración, la determinación, ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, registro y pago de 11,748.8 miles de pesos por las diferencias determinadas entre el importe de las erogaciones por concepto de servicios personales que se proporcionó durante la ejecución de la auditoría y lo registrado presupuestalmente.
Tampoco se pagaron las contribuciones federales ante el SAT y las cuotas ante el IMSS y el INFONAVIT, en los plazos establecidos, por lo que se generaron y pagaron recargos por 63.9 miles de pesos y 114.8 miles de pesos respectivamente.

Hubo falta de control y supervisión en las operaciones relacionadas con los servicios personales, ya que se observaron documentos sin firma; inconsistencias en las cifras reportadas en diversos documentos; falta de conciliaciones o con errores; expedientes del personal que carecen de documentación que justifique las capacidades profesionales y técnicas, así como de los perfiles de puestos; diferencias en el ISR retenido por salarios reportados en las nóminas y las declaraciones de pagos de contribuciones federales.

Inconsistencias en las fechas de afiliación de trabajadores o la falta de documentación que acredite la baja, promoción o reinstalación; se careció de la autorización de la SHCP para las percepciones de 2020; la falta de evidencia del cálculo de liquidaciones y finiquitos y de la documentación que compruebe las percepciones pagadas como son las horas extras, días festivos, gastos de caminos, entre otros.

En los contratos por el suministro de diésel y el arrendamiento de locomotoras no se establecieron las condiciones específicas por considerar para la determinación del precio del diésel, los medios para solicitar el abasto del combustible, así como los requerimientos que debían cumplir en caso de requerir locomotoras adicionales y sustitutas.
Hubo falta de supervisión en la determinación de precios por el suministro de diésel y su facturación, así como en la emisión de tickets por el suministro de ese combustible.

La ASF determino que los montos por aclarar fueron por 25,684,551.13 pesos.
En lo que corresponde a la Cuenta Pública 2022 se encontró que en la revisión del contrato de obra pública FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 (rehabilitación de la Línea Z, tramo Colonia Jordán-Salina Cruz), se detectaron pagos en exceso por 3,148.1 miles de pesos debido a un deficiente control y supervisión que permitió inconsistencias en las matrices de precios unitarios de las estimaciones 15 a 31 (diciembre 2020 a septiembre 2021).

Este monto se desglosa en: 319.4 miles de pesos en el concepto 5.01 (balasto), por incluir indebidamente el costo de un oficial especialista que no participó en la ejecución; y 2,828.7 miles de pesos en el concepto 5.03 (riel), al haberse cobrado riel de 115 lb/yd al precio de 1,426.50 pesos/metro (correspondiente a riel de 136 lbs/yd), cuando el costo de mercado referenciado era de solo 1,153.86 pesos/metro.

También se detectó un daño al erario por 3,148,083.56 pesos derivado de pagos en exceso en el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 (Línea Z), debido a inconsistencias en dos conceptos de obra autorizados por la supervisión: el primero por 319,444.79 pesos en el concepto 5.01 (Balasto), donde se pagó un precio unitario de 544.77 pesos en lugar de los 528.05 pesos que correspondían tras eliminar el costo de mano de obra de un oficial especialista inexistente.

El segundo por 2,828,638.77 pesos al facturarse indebidamente riel de 136 lb/yd en lugar de 115 lb/yd, elevando el costo directo a 1,426.50 pesos por metro frente al valor de referencia de 1,153.86 pesos. Estas irregularidades contravienen el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto, generando además la obligación de recuperar los intereses acumulados desde la fecha del pago.

Mientras en la revisión del contrato para la rehabilitación de la Línea Z (tramo Medias Aguas-Ubero), se identificaron pagos en exceso por 4,625.2 miles de pesos derivados de una supervisión deficiente que permitió duplicidades y cobros de insumos no utilizados.

La mayor parte del monto, 4,590.8 miles de pesos, corresponde al concepto 5.03 (Riel 115 lb/yd), al detectarse que se pagaron dos veces 496 metros de vía en los tramos del km 133+264 al 133+764 y del km 133+260 al 133+760; adicionalmente, se observaron 34.4 miles de pesos en el concepto extraordinario PU-EXT-004 (Protección del agua), debido a que se facturó la renta de una lancha que, según la evidencia fotográfica de las estimaciones 26 a 32 y 44, nunca se utilizó para la toma de muestras, contraviniendo así los reglamentos de la Ley de Obras Públicas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los montos pendientes por aclarar son por ocho millones 187.8 pesos.
Respecto a la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos en exceso por 28 millones 849,661.6 pesos e inconsistencias en la integración de las matrices de siete precios unitarios en el contrato de obra pública a precios unitarios, así como en la adquisición de riel.